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Privatización de las cárceles generó contratos millonarios vinculados a políticos

Por imán Zenteno

centros penitenciarios privatizados
Se frenan contratos millonarios en la privatización de penitenciarias, vinculados a políticos.

 

Privatización, sinónimo de corrupción, pero a estos extremos.

-Andrés Manuel López Obrador

En la mañanera que se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de enero del año en curso, el presidente Andrés López Obrador, mencionó los temas que se tratarían a lo largo de la conferencia, sin duda de los más destacados y que más ruido nos provoca es el de la Privatización de los Reclusorios.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana hizo uso de la palabra para proceder con el tema, poniendo sobre la mesa los 8 contratos de prestación de servicios que se revisaron conjunto con el consejero jurídico de la presidencia, mencionó que existen 8 centros penales privados, los cuales se encuentran en Sonora, en Guanajuato, Oaxaca, en Durango,  Chiapas y en Michoacán, todos estos centros tienen un convenio con el gobierno, 7 de ellos fueron suscritos el 27 de diciembre del 2010 en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo del 2011, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces Coordinador General de Centros Federales, por Arturo Sosa, Director General de administración precisamente de la coordinación general de estos centros federales y por Marco Antonio Villarreal, ex director de adquisiciones de la misma dependencia, la firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa cuando el secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna.

La servidora Rosa Icela nos da a conocer el porcentaje de población de cada centro penitenciario, que en el caso de Sonora es de 78% con 1975 PPL ( personas privadas de la libertad)  en el caso del penal de Guanajuato está ocupado a un 76% con  1912 PPL, en tanto que el caso de Oaxaca tiene una ocupación del 59% con 1493 PPL, es así como Durango 72% , Chiapas 52% , el femenil de Morelos el 32% de ocupación,  el 48% en el caso de Michoacán y el 69% en el caso de Coahuila, es decir que estos son datos al 11 de enero del 2021.

Se da a la luz el gasto anual que se ha estado pagando los últimos 9 años, es un total de 75661 millones de pesos y esta suma solo corresponde al 36% del pago total, aun hay un monto restante por pagar los años siguientes de 190638 millones de pesos, qué corresponderá hasta en algunos penales hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037 así se hace un costo total proyectados a 20 años, el aproximado es de 266300 millones de pesos. De un total de 22 mil 776 millones que ejerce PyRS en 2020, el 68.3 fue para pagar a las empresas privadas.

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¿Cuánto se pagó en 2020? Un total de 15 mil 562 millones de pesos.

“Les voy a dar ahora el total. El total de los, reitero, del gasto en centros penitenciarios privados en 2020 fue de 15 mil 562 millones de pesos por 12 mil 284 PPL en prisiones federales privadas y el gasto por PPL al año promedio es de un millón 375 mil 64 pesos, y el gasto por preso, por interno al mes es de 114 mil 588 y el gasto por PPL al día es de tres mil 819 pesos al día. Quiero decir que, reitero, que en la Ciudad de México el promedio es de 500 pesos.”

Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la Republica menciona Las siguientes clausulas:

  1. Aclarar que este contrato que casi llega a los 270 mil millones de pesos fue por adjudicación directa. Vamos a leer cuatro de las cláusulas principales del contrato.
  2. La responsabilidad en la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de PyRS de la Secretaría de Seguridad Pública’, es decir, la empresa o desarrolladora sólo brindará las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares.
  3. Los pagos serán realizados por PyRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato. Esto es: aunque no haya internos, se tiene que pagar el 100 por ciento de pago como si estuviera lleno el reclusorio.
  4. La vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor de 20 años, salvo en caso de recisión o terminación anticipada del contrato.’
  5. Los contratos establecen que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia, son propiedad del proveedor, no del gobierno o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato’, esto es: a los 20 años o 22, en su caso, se termina el contrato y siguen siendo propiedad del particular.”

Para el final de la nota concluiremos haciendo énfasis en lo que el mandatario Andrés Manuel dijo con respecto al tema, primero aclaro que se actuaran en dos vertientes, tanto legal como amena para tratar llegar a un acuerdo, dijo lo siguiente:

Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. Me reservo los nombres, a no ser que me lo pida el INAI, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos, y esto es la que ya no queremos que vuelva a suceder en el país. Y es un botón de muestra, desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal. “

 

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