A 10 años del crimen contra los derechos humanos, sobreviviente de tortura y activistas exigen justicia
Puebla, Puebla. – En el marco del décimo aniversario de los actos de represión ocurridos el 8 de febrero de 2015 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sobrevivientes y activistas se reunieron para exigir justicia y promover la memoria histórica.
Durante la conferencia, realizada el sábado 8 de febrero de 2025, José Fidel Sánchez Juárez, una de las víctimas de tortura y desaparición forzada de aquella madrugada, dio lectura a un comunicado de prensa en el que relató los hechos y demandó acciones concretas por parte de las autoridades competentes.
Sánchez Juárez, quien en ese entonces rondaba cerca de los 20 años, narró cómo un grupo de 30 hombres armados irrumpió en el zócalo donde realizaban una huelga de hambre pacífica en defensa de la educación pública. Los estudiantes fueron golpeados, secuestrados, torturados y amenazados de muerte, para posteriormente ser abandonados en un baldío, desnudos y amarrados.
En el comunicado, se señaló a Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP de 2013 a 2021, como el encargado de ejecutar las políticas represivas del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Asimismo, se le acusó de malversación de fondos, lavado de dinero y hostigamiento contra voces críticas dentro de la universidad.
Se hizo especial mención a Rodolfo Zepeda Memije, quien ocupó cargos clave en la relación con la comunidad estudiantil durante la gestión de Esparza Ortiz, y se solicitó una investigación sobre su posible involucramiento en ataques contra universitarios.
Entre las demandas presentadas, se exige la investigación y sanción inmediata a Alfonso Esparza Ortiz, una auditoría integral del periodo 2013-2021, el esclarecimiento del caso Lobos BUAP, la compensación justa a las víctimas, la reparación del daño y la implementación de mecanismos que garanticen la no repetición de actos represivos.
Por su parte, Germán Iván Soriano Soriano, presidente nacional del METS A.C., expresó “Desde Movimiento de Esperanza para la Transformación Social, denunciamos que, a diez años de estos hechos, los responsables siguen en la impunidad. Nos preguntamos: ¿Dónde está la justicia para las víctimas? ¿Por qué aquellos que cometieron estos crímenes siguen libres y sin rendir cuentas? La impunidad no solo es un insulto para quienes sufrieron la represión, sino una amenaza para toda la sociedad.”
A una década de los hechos, los sobrevivientes y activistas reiteran su compromiso con la defensa de los derechos humanos y exigen una universidad libre de corrupción y violencia.
Madrugada del 8 de febrero de 2015 en el zócalo de puebla; crimen de estado todavía impune
La madrugada del 8 de febrero de 2015 quedará grabada en la memoria de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como una noche de terror y violencia injustificada. En medio de la oscuridad, un grupo de jóvenes que realizaba una huelga de hambre pacífica en el Zócalo de la ciudad fue brutalmente desalojado por 30 personas encapuchadas.
Armados con machetes, tubos, varillas y macanas, los agresores irrumpieron en el campamento improvisado donde los estudiantes descansaban, ajenos a la pesadilla que estaba por desatarse. Sin mediar palabra, comenzaron a golpear salvajemente a hombres y mujeres por igual, sembrando el pánico y la confusión.
En cuestión de minutos, 8 estudiantes fueron secuestrados y obligados a subir a una camioneta negra, que arrancó con rumbo desconocido. Durante el trayecto, los jóvenes fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, mientras sus captores les proferían amenazas de muerte y desaparición “les haremos lo mismo que a los de Ayotzinapa, los vamos a quemar y nadie va a encontrar sus cuerpos”
Por al menos una hora y media, los estudiantes vivieron un infierno en carne propia, sin saber si volverían a ver la luz del día o a sus seres queridos. Los golpes, insultos y vejaciones se sucedían sin parar, mientras los perpetradores parecían disfrutar del sufrimiento que infligían.
Horas más tarde, cinco de los secuestrados reaparecieron, pero sus cuerpos y mentes llevaban las huellas indelebles de la tortura sufrida. Con valentía y determinación, decidieron alzar la voz y denunciar públicamente los hechos, exponiendo la brutalidad y saña con la que fueron tratados, en un claro intento de amedrentamiento y represión.
Sus testimonios estremecedores revelaron la crueldad de los atacantes, que parecían actuar con total impunidad y con la complicidad de las autoridades. La comunidad universitaria y la sociedad en general quedaron conmocionadas ante la magnitud de la violencia desatada contra jóvenes cuyo único “delito” era ejercer pacíficamente su derecho a la protesta y a la defensa de la educación pública.
Alfonso Esparza Ortiz y Rodolfo Zepeda Memije, en el centro de los malos manejos universitarios
El ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, se encuentra en el ojo del huracán debido a múltiples acusaciones de desvío de recursos, fraude y lavado de dinero relacionados con su gestión al frente de la institución educativa.
Según las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Esparza Ortiz habría inyectado de manera ilícita 470 millones de pesos del presupuesto universitario al equipo de fútbol Lobos BUAP, que participó en la Liga MX entre 2017 y 2019. Parte de estos recursos habrían sido utilizados para pagar la multa de 120 millones de pesos impuesta al club por descender en 2018.
Además, la ASE detectó irregularidades en la venta de boletos del estadio universitario, con capacidad para menos de 20 mil personas, que podrían haber sido empleados como método de lavado de dinero. Durante el último año de la rectoría de Esparza, se identificó el pago de sueldos a 48 trabajadores y jubilados supuestamente fallecidos.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta una carpeta de investigación contra Esparza Ortiz como presunto líder de una red de lavado de dinero que habría blanqueado al menos 671.6 millones de pesos entre 2014 y 2018, utilizando a la universidad como intermediaria. Se han detectado 4,515 facturas falsas emitidas por 126 empresas consideradas “fantasma” por el SAT.
El Universal, diario de circulación nacional, en su nota del 28 de enero señala que: “Fuentes internas a la investigación aseguran que, de cara a un año electoral en la BUAP, Esparza Ortiz y su red de colaboradas continúan operando para desestabilizar la actual administración encabezada por la rectora y su equipo de trabajo. Diversos testimonios indican que el exrector mantiene una estrecha relación con Zepeda Memije, considerado su operador más cercano y beneficiario económico. Ambos fueron vistos juntos en la toma de protesta del actual gobernador de Puebla, en un acto que, según fuentes, fue promovido por ellos mismos para aparentar cercanía con la autoridad estatal.”
A pesar de las graves acusaciones en su contra, Alfonso Esparza Ortiz permanece en libertad y no se han ejecutado acciones legales contundentes. La presión sobre las autoridades continúa creciendo, mientras la comunidad universitaria y la sociedad en general esperan el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia.
